Guía Completa sobre la Demanda de Pensión de Alimentos en Chile y el Registro Nacional de Deudores (Ley N° 21.389)

La pensión de alimentos es uno de los deberes jurídicos y éticos más relevantes del Derecho de Familia en Chile. Su propósito no es conceder un beneficio graciable, sino garantizar el sustento material, emocional y educativo de los hijos o de quienes se encuentran legalmente facultados para exigirla. En los últimos años, el sistema procesal de alimentos ha experimentado una transformación profunda con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Alimentos.

1. ¿Qué es la pensión de alimentos y quiénes tienen derecho?

En la legislación chilena, según lo normado en el Código Civil y la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, los alimentos son las prestaciones a las que está obligada una persona respecto de otra para proporcionarle el sustento necesario para vivir según su posición social. La ley contempla que los alimentos comprenden la habitación, alimentación, vestuario, salud, movilización, enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.

Tienen derecho a reclamar alimentos: los cónyuges entre sí, los descendientes (hijos hasta los 21 años, o hasta los 28 si se encuentran cursando estudios superiores de manera continua y exitosa, o sin límite de edad si padecen alguna discapacidad invalidante), los ascendientes (padres o abuelos) y los hermanos en determinadas circunstancias.

2. Cómo calcula el tribunal el monto de la pensión

Uno de los mitos más frecuentes es pensar que existe una tabla fija universal para fijar la pensión. El juez de familia pondera en cada caso dos factores determinantes:

• Las necesidades reales del alimentario: Se deben acreditar con documentos, boletas, aranceles escolares, certificados médicos y presupuesto detallado de gastos de vivienda y alimentación.
• La capacidad económica del alimentante: El tribunal investiga las rentas del demandado, contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, declaraciones de impuestos ante el SII e información patrimonial de cuentas bancarias y vehículos.

Sin perjuicio de la ponderación judicial, la ley fija dos límites expresos:

1. Piso mínimo legal: Se presume que el progenitor tiene capacidad para pagar al menos el 40% de un ingreso mínimo mensual cuando se trata de un solo hijo, o el 30% por cada uno cuando son dos o más alimentarios.
2. Tope máximo legal: La pensión de alimentos no puede sobrepasar el 50% de las rentas totales del alimentante, sumadas todas las pensiones que deba pagar.

3. La mediación familiar obligatoria previa a demandar

Por expresa disposición de la Ley N° 19.968, antes de ingresar una demanda de alimentos, aumento, rebaja o cese ante el Juzgado de Familia, es un requisito de admisibilidad someter la controversia a un proceso de mediación familiar previa.

Las partes son citadas ante un mediador acreditado. Si concurren y logran un acuerdo sobre el monto, modalidad de pago y reajustabilidad (hoy fijada obligatoriamente en Unidades Tributarias Mensuales - UTM), el acta de mediación se remite al juez de familia para su aprobación, teniendo exactamente el mismo valor que una sentencia judicial ejecutoriada. Si una de las partes no asiste tras dos citaciones o si no hay acuerdo, el mediador emite el Certificado de Mediación Frustrada, con el cual la abogada puede interponer la demanda judicial correspondiente.

4. La revolución de la Ley N° 21.389 y el Registro Nacional de Deudores

Tradicionalmente, el cobro de alimentos adeudados resultaba un proceso desgastante y lleno de dilaciones procesales. Con la entrada en vigor de la Ley N° 21.389, el Estado de Chile implementó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), administrado directamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

El ingreso a este registro es automático por orden del tribunal cuando el alimentante adeuda tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas de pensión alimenticia liquidada.

5. Sanciones y medidas de cobro forzoso al deudor

Figurar en el Registro Nacional de Deudores conlleva consecuencias severas y directas en la vida patrimonial y civil del deudor:

• Retención en la Operación Renta: La Tesorería General de la República (TGR) retiene automáticamente la devolución de impuestos del deudor para pagar la deuda liquidada.
• Retención bancaria en créditos: Las instituciones financieras deben consultar el registro antes de otorgar cualquier crédito superior a 50 UF y retener hasta el 50% del monto para abonar a la deuda alimenticia.
• Bloqueo de licencias y pasaportes: No es posible renovar la licencia de conducir ni el pasaporte mientras se mantenga la inscripción en el registro.
• Retención en compraventa de inmuebles y vehículos: Los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces exigen el certificado antes de autorizar escrituras de venta. Si el vendedor es deudor, parte sustancial del precio se retiene para saldar la pensión.
• Inhabilidad para ejercer cargos públicos: Quienes figuren en el registro quedan inhabilitados para postular o ser designados en altos cargos de la administración pública o directivos del Estado.

Además, la Ley N° 21.484 faculta al tribunal para investigar e intervenir directamente cuentas bancarias, depósitos a plazo, cuentas de ahorro voluntario y fondos de capitalización individual en las AFP para saldar deudas acumuladas cuando no existan otros fondos disponibles.

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